- Una nueva oportunidad
Al tiempo que en Bogotá miles de personas llenan los escenarios habilitados para el XI Festival Iberoamericano de Teatro, o que en Popayán hay cupo completo por cuenta de las ceremonias propias de la Semana Santa, resulta satisfactorio destacar las nuevas reglas del juego en un asunto que es de interés de todos los colombianos. Dentro de ese orden de ideas, hay que saludar como positiva e ingeniosa, la idea contenida en la recién sancionada Ley General de Cultura, que otorga estímulos tributarios a las empresas privadas que hagan aportes a eventos culturales, o se hagan cargo de monumentos o bienes de interés cultural.
En el caso de celebraciones como el Carnaval de Barranquilla o el Concurso Nacional de Bandas, las sociedades que entreguen dinero para su realización obtendrán un descuento fiscal equivalente al monto de lo girado. En cuanto a los monumentos considerados como patrimonio, los privados podrán hacerse cargo de ellos y explotarlos, siempre y cuando lo mantengan y se hagan cargo de su promoción y protección.
Busca la iniciativa copiar el éxito obtenido por la Ley de Cine, que de unos años para acá, ha estimulado la producción nacional en el campo del llamado séptimo arte, gracias a las ventajas tributarias que reciben los particulares que ayudan a financiar películas rodadas localmente. Los conocedores atribuyen el boom cinematográfico criollo de los años recientes, a la expedición de las normas referidas, con producciones que han tenido no solo éxito de taquilla en Colombia, sino que han sido premiadas en el exterior.
En otro aparte de la nueva ley cultural, hay incentivos impositivos similares para aquellas empresas privadas que ya sean propietarias de un bien considerado como patrimonio, y además de utilizarlo como oficina, sede social o con cualquier otro propósito en el marco de la reglamentación, lo mantengan adecuadamente. Esto puede significar la salvación de cientos de viejas casas y edificaciones en diferentes ciudades, que de otro modo quedarían expuestas al deterioro.
Es ampliamente conocido que hay miles de monumentos nacionales que no están bien cuidados, por la sencilla razón de que el Estado no tiene los recursos ni el personal suficiente para hacerlo. Así las cosas, no hay duda de que si pueden obtener beneficios fiscales de ello, muchas compañías privadas conservarán esas edificaciones con valor histórico y, en consecuencia, las ciudades colombianas ya no serán las campeonas de la tierra arrasada contra las construcciones de otros tiempos.
Como suele suceder con estas iniciativas valiosas, no todo depende del texto de la ley. Resultará clave para la consolidación de la medida, la reglamentación que dicte el Gobierno de muchas de las normas allí contenidas. Los especialistas han advertido que el fisco puede perder significativos recursos si no hay límites claros y bien definidos sobre lo que se considere un evento de carácter cultural o un bien inmueble calificado como monumento histórico o patrimonio.
En efecto, lo peor que puede pasar es que la nueva norma termine sirviendo para que este acabe siendo un camino para evadir, por cuenta de aportes a cuanto reinado o festividad se celebra en los distintos municipios del país. Si eso es así, el asunto se saldrá de madre y el país habrá perdido una gran oportunidad. Lo mismo si la definición de inmueble histórico o cultural acaba siendo un motivo de trampa.
Pero si las anteriores preocupaciones resultan debidamente absueltas en la reglamentación, y el Gobierno diseña los mecanismos para que la iniciativa se mueve dentro de los ámbitos buscados, no hay duda de que esta ley estimulará la actividad de manera significativa, así como ayudará a mantener monumentos, casonas e instalaciones que, de otro modo, tenderían a desaparecer. Todo ello, vale destacarlo, sin que el Estado, siempre corto de recursos en especial en un área que ha sido una de las cenicientas del presupuesto, tenga que echarse la mano al dril.
Noticia tomada de: http://www.portafolio/. com.co.
